03 Ago La Audiencia Provincial de Toledo absuelve a una mujer acusada de un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años por falta de pruebas suficientes
La defensa, dirigida por el letrado Jesús Lázaro Ruiz, de Aequitas Legis Abogados, logra una sentencia absolutoria frente a una petición de hasta doce años de prisión.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha absuelto a una mujer que había sido acusada de un delito continuado de agresión sexual con penetración sobre un menor de 16 años, después de que el Tribunal concluyera que la prueba practicada durante el juicio no desvirtúa la presunción constitucional de inocencia y que persiste una duda razonable sobre la realidad de los hechos denunciados.
El procedimiento se inició tras una denuncia formulada en marzo de 2023 y culminó con un juicio en el que el Ministerio Fiscal llegó a solicitar diez años de prisión, mientras que la acusación particular interesó inicialmente doce años de prisión, además de importantes medidas de libertad vigilada, prohibiciones de comunicación y acercamiento, inhabilitaciones y ambos interesaban además una indemnización económica por importe de 12.000€
La defensa de la acusada fue asumida por el abogado Jesús Lázaro Ruiz, director del despacho Aequitas Legis Abogados, de Talavera de la Reina, quien sostuvo durante todo el procedimiento que no existía prueba suficiente para fundamentar una condena penal de tal gravedad y solicitó la libre absolución de su representada.
En una sentencia de especial interés jurídico, la Audiencia Provincial realiza un exhaustivo análisis de la prueba practicada y concluye que el testimonio incriminatorio presenta importantes deficiencias para poder destruir la presunción de inocencia. El Tribunal considera que el relato ofrecido por el denunciante resulta vago, genérico, contradictorio e impreciso, sin aportar una descripción concreta de los hechos, de los lugares ni de las circunstancias en las que supuestamente ocurrieron, circunstancias imprescindibles cuando la condena depende esencialmente de la declaración de la presunta víctima.